Si todavía quedaba alguna duda sobre el oscuro entramado que existe y existió entre los hermanos Cirigliano y el gobierno de los Kirchner, que le impide a la Casa Rosada ir a fondo contra los concesionarios del Sarmiento, esta semana se sumó un dato escandaloso: estos empresarios y los propios funcionarios involucrados en la tragedia de Once comparten operador judicial.

Se trata de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, quien por indicación de José María Olazagasti, mano derecha del ministro Julio de Vido, se reunió con el juez Claudio Bonadío, que investiga las causas de la tragedia de Once, bajo una inaudita presión del gobierno para que descargue las culpas en el maquinista Marcos Córdoba y limpie de toda responsabilidad a los dueños de TBA y a los propios funcionarios, que debían fiscalizarlos.

Como revela en su columna de hoy Carlos Pagni en La Nación, ayer en Comodoro Py se vio salir del despacho de Bonadío a Alfredo Lijo conversando animadamente con el propio juez. Se habría dirigido a una reunión con un enviado del kirchnerista procurador Esteban Righi, jefe de los fiscales.

Es que al gobierno le preocupa de manera extrema la pesquisa sobre las causas de la tragedia que le costaron la vida a 51 personas que lleva adelante el fiscal Federico Delgado, que al parecer no se pliega al guión oficial –que coincide con el de la empresa de los Cirigliano- de descargar las culpas sobre el maquinista.

Como se sabe, Righi no ha vacilado en el pasado en hacer la faena que haga falta para complacer a la Casa Rosada, como fue cuando embistió contra el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que osó investigar casos que golpearon al Ministerio de Planificación como las supuestas coimas cobradas en el affaire Skanska. Luego de recortarle funciones, Righi logró que Garrido renunciara y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas nunca más se metió con el poder.

Ahora fue el propio Olazagasti quien puso a Lijo a “remar” el expediente de Bonadío, al parecer para direccionarlo lo más lejos posible de las playas de TBA o el Ministerio de Planificación.

Esta “protección judicial” es la que habría lamentado perder Juan Pablo Schiavi cuando renunció a la Secretaría de Transporte, protección que de todos modos al ex funcionario no le pareció eficaz, ya que Bonadío le impidió salir del país. Una medida provisoria y de escasa gravedad procesal, pero que impactó fuertemente al ex Secretario de Transporte.