Los millonarios y polémicos subsidios a los concesionarios ferroviarios siguen deparando sorpresas y van camino a convertirse en una pesadilla para la administración kirchnerista.

A la evidente falta de control sobre el destino de los aportes estatales que puso de relieve la tragedia de Once, se suma ahora otra mácula que deja mal parados al Gobierno.

Con la venia de la Secretaría de Transporte, la empresa TBA –a cargo de las líneas Sarmiento y Mitre– ha “redireccionado” en los últimos años los subsidios estatales a una financiera vinculada al grupo Cirigliano, que es el controlante de la operadora ferroviaria.

Según Clarín, la beneficiaria es la firma Favicor –la división financiera del grupo Plaza-Cirigliano– que recibe los fondos directamente del Banco de la Nación Argentina. Todos los meses, el secretario de Transporte envía la orden de pago de los subsidios al banco junto con la autorización para depositar los fondos en la cuenta 52001-20 que pertenece a Favicor SA.

Ahora bien ¿por qué los subsidios destinados a cubrir los gastos e inversiones de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre van a parar a manos de una financiera?. En el año 2004, poco antes de entrar en convocatoria, TBA le cedió la administración de todos los fondos, los ingresos por subsidios y los pagos a proveedores a la empresa Favicor. Esa jugada –que luego fue convalidada por el juez comercial a cargo de la convocatoria– le permitió a TBA esquivar los embargos de los acreedores y manejarse con una mayor soltura financiera.

Esta situación atípica fue avalada por el Gobierno al aceptar que la totalidad de los subsidios vayan a Favicor y no a la cuenta de TBA.

La cesionaria de los fondos de TBA quedó en la mira en los últimos días cuando fuentes bancarias confirmaron que entre 2008 y 2009 adquirió cerca de US$ 10 millones en el mercado de divisas. A eso se agregan varios plazos fijos e inversiones en Fondos Comunes que habría realizado en los últimos meses, algo que no fue desmentido por la empresa.

Más allá de que el desvío de los subsidios a la financiera estaría sustentado en la maraña legal que rige las concesiones ferroviarias, lo cierto este hecho resulta muy dificil de justificar para los funcionarios de Transporte que están en el ojo de tormenta por el trágico choque que dejó 51 muertos.

Hasta ahora, los que han venido autorizando mensualmente el “redireccionamiento” de los subsidios fueron Ricardo Jaime (entre 2004 y mediados 2009) y el saliente Juan Pablo Schiavi. A juzgar por el mal estado de los trenes y las deficientes condiciones de los servicios del Sarmiento, ninguno de ellos se ocupó de dar cumplimiento a la normativa de pago de los subsidios que establece dos condiciones clave. Por un lado, que el concesionario acredite en que usó los fondos. Y por otro lado, que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la CNRT corroboren si los servicios alcanzaron los índices de calidad contractuales.

El último pago a Favicor tiene fecha del 2 de marzo y lleva la firma de Schiavi, quien a sólo 48 horas de haber sido internado por un ataque coronario habría ido hasta su oficina para autorizar la cesión de los subsidios.