El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, continúa presionando para que el proyecto de ley de creación de la empresa provincial de petróleo finalmente sea aprobado antes del 1 de mayo, día en que dará su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa. Tarea que no le resultará sencilla, por cierto, pues en los últimos días desde la UCR comenzaron a brotar objeciones.

En un principio, el radicalismo compartía la idea de avanzar con la empresa estatal de petroleo, en medio de la quita de concesiones a YPF en todo el país. Sin embargo, con los crecientes rumores respecto a una posible estatización de la compañía que maneja la española Repsol y los argentinos Eskenazi, muchos comenzaron a preguntarse qué sucedería con las regalías del crudo que sale de los pozos mendocinos.

"¿Qué participación se le daría a las provincias? No podemos darle al gobierno la creación de toda una nueva estructura estatal sin saber antes cómo se van a manejar los recursos hidrocarburíferos", planteaban.

Alfredo Cornejo, titular del Comité Provincia de la UCR, le aseguró al Diario Uno de Mendoza que "están de acuerdo con la creación de la empresa", pero "ha cambiado es el contexto político y económico con todas las versiones que rondan alrededor del futuro de YPF". Y concluyó: "Pérez sujeta toda su política a lo que resuelva el Gobierno nacional. Si el gobernador no garantiza autonomía en un tema estratégico como el manejo de los recursos hirdrocarburíferos, ¿para qué vamos a seguir con esto?".

Con estas dificultades políticas, además de los siempre engorrosos plazos legales, el Gobierno de Paco Pérez comenzó a comprender que será difícil llegar a crear la firma estatal antes de que venza el plazo de 90 días de transición para el traspaso de las áreas Ceferino y Cerro Moral Norte, que fueron quitadas a YPF por falta de inversión y producción.

De este modo, la administración mendocina cambió la estrategia: fuentes consultadas por LPO, dan por hecho que lanzarán nuevos pliegos para que firmas privadas exploten esas dos áreas. "Todavía no está claro si será para empresarios que ya exploten algún pozo, o para cualquier firma que esté interesada en el negocio. Una vez que exista la empresa provincial, el resto de las áreas quedarán en manos del Estado", explicaron.

Mientras tanto, la idea es que la esmpresa de energía se constituya como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) y en su conformación está previsto que la Provincia se quede con el 51% del paquete accionario, un porcentaje menor para el capital privado y cerca del 10% quedaría en propiedad de todas las comunas por partes iguales.

Paco Pérez -en compañía de su ministro de su ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y del subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez- le comunicó el estado de situación actual a los representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Petroleros (CaMESPe) en un encuentro realizado ayer.

"Fue una jornada de intercambio de ideas y de visiones acerca de la situación actual del petróleo en Mendoza. Las conclusiones han sido altamente positivas ya que se logró acordar un plan da trabajo conjunto", afirmó Baldasso.

Miguel Ledda, titular de CaMESPe, dijo que "la curva decreciente de la producción de crudo en Mendoza se ha acentuado en los últimos dos años, por lo tanto se torna necesario tomar recaudos para aumentar la producción de hidrocarburos y revertir la situación actual, política que la Provincia ya esta llevando adelante".

En ese sentido, hoy mismo se presentó la licitación para un nuevo sistema de "telemedición" en los pozos petroleros, que remplazará al control vía declaraciones juradas que presentan las propias empresas. "Esperamos que para finales de noviembre el nuevo método esté funcionando", dijo el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.

La telemedición mejorará el control sobre los niveles de crudo extraídos por las compañías, pues se realizará a través de unas máquinas -que serán propiedad del estado provincial- que serán mucho más confiables que las declaraciones juradas de las empresas y más eficientes que las supervisiones que realizan los 10 inspectores públicos que toda la provincia tiene para los más de 80 pozoz en todo su territorio.