Cristóbal López es sin dudas, un empresario heterogéneo, una suerte renacentista de los negocios con habilidad para casi todo. A sus suculentos despliegues en el juego, el petróleo y la obra pública el chubutense también se sumó en los últimos años al rubro bancario, alimentación, turismo, metalúrgica y como broche de oro al mundo de los medios de comunicación con la compra del paquete de medios de Daniel Hadad, que la sautoridades del ex Comfer siguen sin convalidar.

Pero López, uno de los empresarios preferidos del kirchnerismo, también incursiona en el transporte público a través de las máquinas lectoras del sistema SUBE del área metropolitana, mediante la firma Tallion.

La noticia trasciende cuando el sistema enfrenta otro escándalo por la irregular concesión del control de la operación a una fantasmal firma inglesa, que ayer forzó al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a suspender el contrato.

Tallion es una empresa norteamericana dedicada a proveerle de “soluciones de tecnología” tanto a otras firmas como a gobiernos. Tiene negocios en México, Brasil y Chile, por nombrar algunos países de Latinoamérica. Fuentes del mercado aseguran que López tiene participación a nivel local pero desde su entorno lo niegan.

En el caso del SUBE, esta firma logró quedarse con el servicio de lectores de tarjetas en la línea 501 de Pilar, en Transporte Automotores La Plata SA (TALP), en Expreso Villa Nueva, en la Central Escobar y en Expreso Villa Galicia.

Tallion ganó la licitación para proveer a estas líneas a mediados de 2010 cuando Néstor Kirchner aún estaba con vida aunque desde Nación Servicios, la empresa que se encarga de operar el SUBE, evitaron precisar cuántas unidades fueron concesionadas a la firma norteamericana y cuánto se pagó por el servicio.

Eso sí, la proveedora ganó dicha licitación después de un proceso al menos llamativo y plagado de críticas. En principio, el proceso comenzó cuando el secretario de Transporte era Ricardo Jaime, que llamó a licitación por unas 17 mil máquinas.

En ese momento, desde Transporte exigieron, para que las empresas se puedan presentar, condiciones “inalcanzables” para las firmas nacionales como por ejemplo, que el patrimonio neto de la firma sea superior a los 15 millones de dólares y pudieran acreditar experiencia “mundial” en la colocación de los artefactos.

En esa oportunidad, a cambio de unos 50 millones de dólares unas 10 mil máquinas fueron licitadas a una UTE integrada por Siemens, IT Solutions, Metronec (Roggio), e Indra. En esta licitación intentó entrar Tallion pero quedó afuera.

Por esas restricciones, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (CADDIEL) presentó una queja ante la presidenta Cristina Kirchner en 2010. Ese mismo año, la Cámara se reunió con la por entonces titular del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, y acordaron que las exigencias bajarían para que pudieran participar Pymes argentinas como Monebus, Coins Control y Laser.

A esta segunda licitación de 7900 máquinas se presentaron 9 empresas, pero después de una evaluación realizada por la UTN sólo quedaron en pie tres firmas: Siemens, Tallion y la argentina Láser. Coin Control y la extranjera Ticketrans presentaron impugnaciones, que fueron desechadas.

Finalmente, Láser se quedó con unas 2500 máquinas aunque desde Nación Servicios, ante las consultas de LPO, no brindaron datos sobre el dinero invertido y sobre los equipos que quedaron en manos de Tallion y Siemens.

De todos modos, fuentes del mercado aseguraron que los equipos presentados por Tallion no cumplían adecuadamente con los requisitos necesarios para el funcionamiento en las unidades del país. “Hubo que adaptar parte del sistema en los colectivos que quedaron para Tallion. Pero la orden vino de arriba”, contaron las fuentes a LPO.