El Senado aprobó el proyecto que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), como se llama a la ex Ciccone Calcográfica, la compañía cuyo proceso de quiebra terminó en un escándalo por supuesto tráfico de influencias de Amado Boudou.

La votación terminó 44 a 20 y el oficialismo contó con el apoyo de Luis Juez, del Frente Cívico por Córdoba, y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Se opuso toda la UCR y los tres restantes del FAP (Rubén Giustiniani, Jaime Linares y Norma Morandini), Graciela Di Perna y Liliana Negre de Alonso, del PJ disidente, entre otros. Carlos Reutemann y Carlos Menem fueron dos de los ocho ausentes. 

El vicepresidente debió estar a cargo de la sesión y soportó sin chistar los ataques de la oposición, sobre todo la UCR, el único bloque que se opuso íntegramente. “¿Alguien imaginó alguna vez que íbamos a estar votando la expropiación de una empresa sin saber quienes son los dueños?”, se preguntó Luis Naidenoff, jefe de esa bancada.

Naidenoff recriminó que a diferencia de lo ocurrido en otros proyectos emblemáticos del Gobierno no haya acudido siquiera un funcionario nacional a explicar el asunto. El Gobierno intentó que esto sea fugaz: el martes pasado ingresó al Senado y el miércoles próximo será ley en Diputados.

Recordó que uno de los pocos datos disponibles es que The Old Fund adquirió un 70% de la ex Ciccone y que su cara visible es Alejandro Vandenbroele, “un monotributista que declaró 8 mil pesos por mes”. Su vínculo con Boudou es uno de las claves del supuesto tráfico de influencias del vicepresidente.

“Hay una necesidad de ocultar porque en la causa está involucrado usted, señor vicepresidente”, le dijo señalando con el dedo a Boudou, que lo miraba fijo y ni siquiera movía la cabeza.

“La decisión que tomaron fue el silencio. Mucho silencio que a esta altura se torna silencio cómplice. Eligen el peor de los caminos que es el de la trampa y el engaño. Están convalidando una estafa política. Ustedes saben a quienes protegen”, inquirió en formoseño.

La sesión comenzó poco después de las 10, la hora señalada. Boudou había llegado un rato antes y siguió desde el estrado el discurso de Aníbal Fernández y el radical Ernesto Sanz, los miembros informantes de los bloques mayoritarios.

Como si se lo hubiera propuesto, volvió justo cuando estaba por cerrar su discurso Luis Juez, el único de los cuatro miembros del Frente Amplio Progresista (FAP). Lo hizo por haber presentado uno similar en abril.

“Ni antes era un pícaro y provocador ni ahora quiero darle un manto de impunidad”, se jactó. Pero aceptó que “todo el mundo sospecha que hay una injerencia del poder político. Por eso les digo a los jueces que pongan huevo y no nos echen la culpa a los legisladores”.

Ubicadas cerca del estrado, la catamarqueña Blanca Monllau y la mendocina Laura Montero pusieron más a prueba su temple. Un dato: las dos trabajaron para Julio Cobos en la interna del bloque radical del año pasado.

“La omisión de los dueños es un plan para descubrir negociados del accionar corrupto que daña varias áreas del Gobierno Nacional. ¿Al ex ministro (por Boudou) no se lo ocurrió poner la soberanía monetaria? Hoy estamos expropiando no sabemos qué y ni a quién. Tal vez la justicia y usted nos pueda ayudar dándole los nombres de a quien se quiso beneficiar”, le dijo a Boudou.

Con otras preguntas, Montero no fue menos benévola: "Se sospecha que Vandenbroele es su amigo, usted lo niega y en la investigación aparecen cercanías. Si tuviéramos un empate en el recinto hoy ¿Quién desempataría? ¿El presidente del Senado se sentiría habilitado estando esta causa y estas dudas?", consultó.

La defensa de Aníbal

Como en la comisión, Aníbal Fernández fue el miembro informante del oficialismo. Dijo que la expropiación le será gratis al Gobierno porque la empresa tiene una deuda con el fisco de 250 millones de pesos.

Y que no trató dio una moratoria sino un plan de pagos, sin recordar que tuvo nada menos que 148 cuotas y un interés de 0,5%. “Hay 1509 plantes igual”, dijo sin inmutarse.

Pero lo más llamativo fue el relato con el que intentó justificar la expropiación con un largo racconto histórico que lo llevó a una conclusión impactante: a partir de medidas de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Martín Redrado, la empresa Boldt ganó terreno con el objetivo de quedarse con la impresión de billetes. Y la Casa de la Moneda fue una víctima de ese "complot" que esta ley viene a salvar.

Su despliegue argumental fue seguido con asombro y cierta hilaridad por la oposición. Contó que en el año 2000 dos empleados de Boldt (Marcelo Gómez y Ricardo González) fueron nombrados en la Casa de la Moneda y al año siguiente dejaron sus cargos “porque a los espías hay que tenerlos un rato”, dijo. Según su visión fue el inicio de un complot que se extendería por más de una década.

Apuntó que a los pocos años volvieron a su empresa de origen y desde allí ejecutaron un plan para quedarse con la impresión de billetes, una tarea que, en realidad, tiene como principal costo la adquisición de las máquinas y no tareas logísticas que requieran inteligencia.

O sea, según el análisis de Aníbal, en 2000 Boldt sabía que el año que viene colapsaría la convertibilidad y once años más tarde el Estado vería desbordada su capacidad de imprimir billetes por una inflación galopante.

sin embargo, el ex jefe de gabinete se olvidó de decir que fue el kirchnerismo quien en diciembre de 2010 llamó a licitación para imprimir billetes, una compulsa que ganó Boldt, pero lejos de adjudicársela se decidió anularla y contratar de manera directa la impresión de billetes en la Casa de la Moneda de Brasil, que por cierto no llegó a tiempo a cumplir el contrato y dejaron al país sin billetes en la recordada crisis de las fiestas de ese año, cuando los cajeros estaban vacíos en plena Navidad.

El dinero que costó esa operatoria hubiera alcanzado para equipar toda la Casa de la Moneda e imprimir billetes sin pedir ayuda, pero el Gobierno optó por evitar ese paso.

Ya en el cierre de la sesión, Miguel Pichetto olvidó esa historia cuando dijo que sólo los países de África no tienen capacidad de imprimir su propio papel moneda y recurren a terceras naciones para hacerlo.

Con su vehemencia habitual, Aníbal Fernández casi se auto incriminó, cuando lamentando su supuesta ingenuidad, se flageló por haber firmado como ministro de Producción el decreto 777 de Eduardo Duhalde, que dispuso que la Casa de la Moneda “tiene por objeto dedicarse a la fabricación de dinero circulante, especies valoradas, instrumentadas de control y recaudación y documentos especiales o generales de todo tipo y especie que le requiera el Estado Nacional”.

“Al decir que le requiera, obligó a la Casa de la Moneda a competir con privados. No nos dimos cuenta”, se lamentó Fernández.

Recordó que en 2009 la Casa de la Moneda perdió la licitación con Boldt sobre el padrón electoral, operación que estuvo a cargo de Florencio Randazzo. “Y se produce la desvergüenza de que Boldt gana la licitación pero como no podía cumplir con los plazos subcontrata a la casa de la Moneda”, denunció.

Pero su relato no quedó ahí: habló de una fallida licitación de la Casa de la Moneda para sumar maquinaria y dijo que Martín Redrado, como presidente del Banco Central y autoridad para habilitar la impresión de billetes, inventó nuevos billetes “con la excusa del bicentenario” y la Casa de la Moneda no podría abastecerlos.

En la media hora, no explicó porqué la quiebra de Ciccone la pidió la AFIP bajo la actual gestión del ultrakirchnerista Ricardo Echegaray, en una movida que según el particuar relato de Aníbal Fernández fue funcional a Boldt. Ni porqué el gobierno, si esto realmente fuera todo un plan de Boldt, nunca realizó las inversiones que requería la Casa de la Moneda.

Así se lo hizo saber el radical Sanz. “No entiendo por qué el gobierno no tomó la decisión política de llevar a cargo el plan de fortalecimiento de la Casa de la Moneda a través de inversión”.

“El plan de desguace involucra a las actuales autoridades y en el transcurso de 9 años no me puedo quedar con esta explicación. El plan era de la Casa de la Moneda y del Ministerio de Economía”, acusó el radical.

Recordó además que el gobierno nacional firmó con la hoy demonizada Boldt un contrato para que realice el censo nacional de 2010, citado también por Fernández. Y también apuntó a la Afip. “No sé porque la Afip consultó al Ministerio de Economía. ¿Puede el ministro de Economía desconocer la ilegalidad de la consulta determinante que hacía la Afip?”, preguntó el mendocino.

¿Cuánto cuesta estatizar Ciccone?

El radical Gerardo Morales no fue menos duro. “El negocio es para Vanderbroele y sus socios ocultos. Es de una gran ingenuidad votar a favor de la expropiación de la empresa que ha generado la situación más escandalosa de este gobierno”, protestó.

Y calculó que la ley “nos va a costar 140 millones de pesos. No estamos frente a la expropiación de un kiosco una empresa cualquiera, sino de un pedido del Poder Ejecutivo de expropiar nada más y nada menos la empresa que ha generado que ha abierto un abanico de situaciones escandalosas”, recordó.

Al final, Pichetto dijo que ese cálculo era ficticio. "Entonces muestren los balances de los últimos cinco años", le respondió el ex presidente del Comité radical. El jefe de bloque no respondió. 

Sí, recordó Pichetto que fueron el radical Ricardo Gil Lavedra, al igual que Juez y Romero, quienes pidieron expropiar la empresa en abril. Y citó una entrevista en la que el fiscal Jorge di Lello dijo que no era importante saber quiénes eran los dueños de la empresa porque no necesariamente constituye delito. "A usted le allanaron un departamento cuando podía haberse resuelto de otra manera", le dijio a Boudou, quien asentía con la cabeza.

Y se lamentó de que Argentina no sea Francia porque en ese país, “que fue capaz de hacer una revolución”, los funcionarios “tienen inmunidad mientras ejercen el cargo”.

“No se pueden tirar al viento imputaciones de delitos que no existen, porque nos desprestigia a todos”, concluyó el jefe de los senadores kirchneristas.