La oposición volvió a mostrar sus intenciones de ir a fondo para sacar a Marcelo Sain de territorio santafesino, objetivo que intenta lograr pese a que su estrategia viene bordeando el filo de todo límite ético y jurídico.

Este jueves se dio una llamativa situación cuando la Legislatura convocó a tratar de forma conjunta la suspensión de Marcelo Saín al cargo de director de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un puesto que concursó en 2018 y que volvió a ejercer cuando renunció a su sillón en el Ministerio de Seguridad provincial.

Pero el oficialismo y el arco político y judicial que observa esta discusión desde fuera vienen manifestando atendibles preocupaciones sobre el proceso judicial en desarrollo, porque entienden que el nivel de discusión alcanzado podría poner en juego la propia calidad institucional y la independencia de los poderes del Estado.

La Asociación de Fiscales, por caso, emitió esta semana un contundente comunicado donde sus integrantes se abstuvieron de calificar a Sain (tienen varios reparos en su contra), pero en el que adviertieron que avanzar con la destitución es ir en contra de los mismos principios de transparencia por los cuales el MPA fue creado.

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"Están favoreciendo la gangrena institucional", le avisaron a los legisladores que guían el proceso, y le cuestionaron que amparen sus acciones en tres leyes sancionadas "de forma exprés" y que venían siendo puestas en duda (dos de ellas incluso fueron vetadas) porque modificaban de forma cuestionable la carta orgánica del MPA.

También criticaron en su escrito al directorio del MPA, particularmente al fiscal general Jorge Baclini, por "avalar todos estos atropellos". "De lo que se trata es de disciplinar fiscales", concluyeron los fiscales.

Esta lectura de los hechos es similar a la expuesta en el fallo del Juzgado Laboral de Rosario expedido este miércoles, donde se dio lugar a la medida cautelar pedida por Sain para que la sesión legislativa no se realice.

 Los fiscales y funcionarios deben seguir siendo controlados en base a un mecanismo objetivo, previsible y técnico; no político.

La jueza Paula Calace Vigo explicó allí que "los fiscales y funcionarios deben seguir siendo controlados en base a un mecanismo objetivo, previsible y técnico; no político", y recordó que a Sain "se lo acusa a partir de una resolución sin peso por fuera del ámbito de la Comisión de Acuerdos".

Pero estas visiones están en pugna con la de políticos y fiscales que desean echar a Sain. De hecho, el martes de esta misma semana, la Corte Suprema de Justicia provincial consideró en fallo dividido que la Legislatura tiene potestad para evaluar, sancionar o expulsar a fiscales u otros integrantes del MPA.

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Así fue como se llegó a la desconcertante sesión de este jueves, donde los legisladores debatieron sobre qué debería hacerse ante la situación presentada. Finalmente, tras discutir dos horas sobre derecho constitucional, terminaron votando una rara moción "para que quede pendiente el tratamiento del orden del día" hasta que la cautelar quede firme. Esto es: esperar a qué la Justicia se termine de expedir y después volver a tratar el tema.

El problema es que para que la Justicia siga actuando y "se vuelva a expedir" es necesario que la cámara legislativa apele la decisión primera, una acción que fue aprobada por mayoría y que contó con el rechazo del peronismo kirchnerista y de partidos de izquierda como el que lidera Carlos del Frade.

De la apelación se encargará el diputado Fabián Bastía, presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, en lo que será un proceso plagado de dudas y al que se le cuestiona incluso su constitucionalidad. "Esta nueva jugada podría costarle una denuncia penal al Estado provincial", manifestó la diputada Matilde Bruera.

 Esta nueva jugada podría costarle una denuncia penal al Estado provincial

La sesión sirvió entonces para clarificar la estrategia que la oposición seguirá en su camino para echar a Sain, y dejó además un llamativo dato de color: fue cuando la diputada "celeste" Natalia Armas Belavi tomó la palabra para argumentar una postura mientras hacía maniobras arriba de su auto.

Sain, mientras tanto, sigue utilizando los medios a su alcance para recordar que los "impulsores políticos" de los "atropellos" en su contra son el radical Maximiliano Pullaro y el peronista Armando Traferri, quienes, cada uno por su lado y juntos cuando es necesario, "evitan ser investigados por el OI".