"Hemos definido a grandes rasgos una política económica nacional: disminuir la erogación de divisas por la liquidación de la deuda externa; la restricción a lo imprescindible de las importaciones, y graduación de éstas por los tipos de cambios; y total represión al contrabando", escribía Arturo Jauretche en junio de 1962.

El intelectual radical, para nada moderado, expuso además que "no se puede ejercer libremente el comercio nacional sin el ejercicio total de la soberanía", dejando en claro la importancia de la intervención del Estado en la economía. Por aquellos tiempos, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, cumplía un rol importante para que el comercio exterior sea favorable a la Patria. Sesenta años después, sigue vigente la necesidad de un Estado que garantice que los productores no se fundan y que las familias argentinas llenen la heladera.

La carencia de una estructura estatal integrada en el sector agroalimentario provoca que el mercado determine quiénes comen, en una nación cuya capacidad productiva en materia de alimentos genera aproximadamente: más de 3 Millones de Tn (Mtn) de carne vacuna; 779.000 Tn de pescado de captura marítima; 650.000 Tn de carne porcina; 2.2 Mtn de carne aviar; 13.175 Millones de huevos; 61.000 Tn de carne ovina; más 10 mil Millones de Lts de leche (en 2015 superamos los 11.500 Millones); 317 mil Tn de Yerba Mate; 1.5 Mtn de azúcar blanco; 1.6 Mtn de limones; 1 Mtn de naranjas; 450.000 Tn de mandarinas; 100.000 Tn de pomelos; 145.000 Tn de ciruelas; 240.000 Tn de durazno; 88 mil Tn de uvas pasas y frescas de mesa; 13 Millones de hectolitros de vinos y 5.5 Millones de hectolitros de mosto; más de 120 Mtn de cereales y oleaginosas; 1.37 Mtn de arroz; 356 mil Tn de aceitunas de las cuales 90 mil Tn son para consumo y 266 mil Tn para producir aceite de oliva; 8-10 Millones de Tn hortícolas (el 65% papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto, ajo; y el 20 % acelga, mandioca, zapallito, sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento).

Las Manufacturas de Origen Agropecuario son responsables del 70% de los dólares que ingresan por el comercio exterior de mercancías (33.000 millones de dólares en 2021). Sin embargo, actualmente no existe ninguna estructura estatal nacional que participe en la comercialización de agroalimentos, tanto interno como externo; solo YPF Agro, empresa con 51% de participación estatal, que funciona por momentos como una empresa más del sector. Empresa que, inexplicablemente, no pudo contener el precio de la urea durante el 2021, cuando escaló de USD 335 en febrero de 2021 a USD 900 en noviembre de 2021, a pesar de producir entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas de los 2 millones que se consumen en el país.

En materia de comercialización de cereales y oleaginosas, como así también de los subproductos, son las agroexportadoras trasnacionales la que dominan ampliamente el eslabón. "En el año 2021, Cargill terminó siendo el principal exportador de granos de Argentina, declarando 15,1 Mtn de exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales (12,9 % del total). En el segundo puesto del ranking de exportadores se ubicó COFCO, con 14,4 millones de toneladas (12,3 % del total)... en el tercer puesto del ranking se encuentra Viterra, con su subsidiaria Viterra Argentina exportando 14,35 Mtn (12,3 % del total). Se debe hacer la aclaración ya que, a fines de 2020, Glencore Agriculture pasó a llamarse Viterra", dice la Bolsa de Comercio de Rosario. Es decir, el 37,5% de la agroexportación está en manos de estas tres empresas trasnacionales.

De esta manera, el principal sector productivo argentino está en manos del mercado, mientras el Estado solo controla y recauda, con una eficiencia discutible. Recordemos que el instituto Wider, dependiente de Naciones Unidas, difundió un informe donde denuncia que el impacto de las prácticas fiscales nocivas de las ETN´s suponía, en Argentina, una pérdida de USD 21.000 millones anuales en la recaudación, equivalente al 4,4 % del PIB. Esta sangría verde de divisas que se fugan, es resultado de estudios realizados hasta 2020, previo a la pandemia y al conflicto ruso ucraniano. Es decir, en tiempos de estabilidad del mercado, Argentina pierde alrededor USD20.000 millones anuales, según la ONU. La pregunta obligada es ¿Qué hacemos en tiempos de crisis?

Durante la última semana de febrero de 2022, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sacudió los mercados de commodities agrícolas, principalmente de trigo, girasol y fertilizantes. Mientras, en Argentina, el impacto ambiental por tantos años de explotación de la biosfera, generó que el país se dirima entre las llamas de Corrientes y el granizo e inundaciones de Mendoza, situaciones tan inimaginables años atrás, como que se queme la Mesopotamia o se inunde el desierto montañoso de Cuyo. ¿Cuál será el impacto del crítico final de febrero 2022?

Ante esta situación el gobierno nacional no le encuentra el agujero al mate, planteando políticas de consenso que buscan moderación entre los actores que disputan por imponer su programa económico, incluso con los internacionales del fondo. La inflación de febrero 2022 fue del 4,7% mensual, alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 7,5%; la acumulada de los 2 primeros meses del año fue del 8,8% y la interanual febrero-febrero del 52,3%. Todo esto medido antes del conflicto rusoucraniano. ¿Cuál será la inflación de marzo 2022?

Asoma entre la polvareda la Empresa Nacional de Alimentos como propuesta de política de fondo, apuntando a resolver principalmente el precio de los alimentos. ¿Están las condiciones? ¿Tenemos las correlaciones de fuerza necesarias? Estas preguntas se repiten en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay otras preguntas más sustanciales: ¿Hay decisión política? ¿Hasta dónde se quiere avanzar? Quizás es en estos puntos en los que radica lo importante.

Pensar y diseñar una empresa nacional de alimentos o agroalimentaria debe imprescindiblemente aggiornarse para estar en sintonía a los tiempos que corren, basarse en un diagnóstico acabado de la situación actual. La irrupción de las nuevas tecnologías han generado una nueva fase de digitalización y virtualización del sistema social de producción; no contemplar este punto puede generar que la criatura nazca obsoleta.

Argentina tiene todas las condiciones para construir una empresa nacional integral, que abarque todos los eslabones de todas las cadenas. Cuenta con una estructura de conocimiento de punta probada, con organismos como el INTA, CONICET, Universidades, entre otras, con resultados como el Trigo HB4. También en materia de control y sanidad agroalimentaria es reconocida mundialmente por sus excelentes condiciones. En materia de tránsito y salida exterior, el país cuenta con la vía fluvial de la Cuenca del Plata, con un potencial para administrar y crear su propia flota marina mercante, como así también de dragado. Estructura comercial, infraestructura portuaria, sistema de financiamiento, estructura productiva, todo lo necesario para que la implementación de una política de fondo resulte exitosa.

Claro que un punto crítico reside en el conflicto con intereses de empresas de gran envergadura, como los grupos organizados en AEA (Asociación Empresarial Argentina) y UIA (Unión Industrial Argentina), como el Grupo Arcor S.A., principal empresa agroalimentaria; el Grupo Ledesma, con negocios en azúcar, cerdos, cítricos, bioetanol, etcétera; el Grupo Pérez Companc; Danone; Unillever; PepSiCo; Coca-Cola Company; Nestlé; etc. Escarbando un poco, aparecen también los grandes fondos de inversión: BlackRock, Vanguard y State Street. Y del otro lado, hay 45 millones de compatriotas, de los cuales casi el 40% hoy están en situación de pobreza.

Será necesario, para impulsar los cambios estructurales necesarios, la audacia de quienes definen la política económica nacional, esa audacia que nos llevó a cruzar los Andes, a frenar barcos con cadenas, a poner las patas en la fuente para rescatar a Perón, a decirle no al ALCA, a acompañar a Cristina cuando Néstor se inmortalizó...