180 mil personas viven actualmente en las villas porteñas. Es decir, 40 mil familias aproximadamente.

Ante este cuadro de situación, el gobierno porteño redujo este año dramáticamente los fondos para construir viviendas sociales, en especial en el Instituto de la Vivienda (IVC) que preside Roberto Apelbaum, donde su presupuesto habría sido recortado de $519 millones (según el presupuesto 2009) a sólo $100 millones.

También el ministerio de Desarrollo Económico, a través de la UGIS (Unidad de intervención en villas), una nueva dependencia creada en la gestión del PRO para trabajar en la emergencia, también sufrió un recorte presupuestario aunque no trascendió cuál era su montototal (tiene alrededor de $30 millones de presupuesto).

Por su lado, la Corporación Sur (la empresa estatal que se encarga del trabajo en villas del sur pero que no se dedica solamente a las viviendas sino al mejoramiento integral de barrios que incluye cloacas, red de agua, bacheo y hasta mobiliario) sufrió también una readecuación presupuestaria: si bien era de $350 millones, quedarían para fin de año entre $230 millones y $180 millones.

Si bien la reducción es importante, la consecuencia directa será que “muchas obras irán más lento, aunque no se van a parar”, explican a LPO en el organismo dedicado a la zona sur de la ciudad.

La diferencia con el IVC es que otros ministerios, como la cartera de Salud, le transfieren fondos para determinadas obras en villas, como ocurrió con el Centro de Salud en Villa Lugano, donde la cartera que conduce Jorge Lemus dejó en manos de la Corporación la compra de equipamiento hospitalario.

Otro dato despierta las críticas de la oposición: actualmente hay cinco organismos distintos dedicados a la problemática habitacional.

Ellos son: el IVC, la Corporación Sur, y los ministerios de Desarrollo Social (otorga subsidios y soluciones transitorias ante desalojos o causa mayores como incendios), Desarrollo Económico y Espacio Público (que realiza obras en las villas del norte como la 31 y 31 bis).

El IVC en la mira

En la oposición apuntan directamente a la gestión del IVC. Entre otras cosas, explican que no ejecuta partidas y que se están realizando cambios que perjudican a los vecinos.

En este sentido, el titular de la comisión de Vivienda, el legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que explique si se había recortado el presupuesto y cuál era el motivo, sin embargo todavía no fue contestado.

“El ejecutado del primer trimestre de todo el IVC es 3,14%. Esto comprueba tácticamente lo que nadie blanquea en el Ejecutivo: que al menos hay un recorte $400 millones”, dice a La Política Online Di Filippo.

Un dato poco alentador apoya este posible recorte: en el barrio Piedrabuena, donde miles de familias viven sin gas y con graves falencias en la estructura edilicia, entre otras cuestiones, se pensaba continuar con un plan para darle gas a 1500 unidades.

Movilización

En medio de las críticas de la oposición, un grupo de vecinos nucleados en “Villas Unidas por la urbanización” protestará el jueves a las 14 frente a la jefatura de gobierno bajo la consigna “Por una vivienda digna”.

Entre las organizaciones que convocan se encuentran la Organización “Sin Derecho”, Organización Territorial “La Chispa”, la Capilla Virgen de Luján de Barrio Fátima, la Red de Instituciones de Soladti, Delegados de la Zona Norte de la Villa 1-11-14 y Vecinos de la trata ex Autopista 3.

Sin embargo, hace cinco meses en el IVC se informó que no había presupuesto para realizar la licitación este año. En 2008 se había dado gas en 500 unidades.

La desfinanciación del IVC no es nueva. Desde hace tres años su presupuesto viene disminuyendo drásticamente.

Según pudo averiguar LPO en 2006 se destinó el 6% del presupuesto total de la ciudad para la construcción de viviendas, en 2007 se asignó el 5%, en 2008 el porcentaje siguió bajando y alcanzó el 4%; y este año supondrá el 1,7% del total.

“Es absurdo retirar gasto social en medio de una crisis”, opina el legislador y economista Martín Hourest (Igualdad Social), consultado por La Política Online.

“No avanzaron en la construcción de viviendas, tampoco avanzaron en viviendas auto construidas con cooperativas de vivienda. Si se cae el nivel de empleo esto se va a agravar y va a terminar siendo un pobres contra pobres”, agrega el diputado porteño.

Según Hourest el PRO podría haber implementado otro tipo de políticas sociales para paliar el déficit habitacional: “Tampoco avanzaron en un proceso con créditos del Banco Ciudad, donde de hecho hubo discusiones parlamentarias y el macrismo no quiso debatir. Entonces queda afuera gente que puede alquilar”.

Por su lado, Marcelo Meis, legislador y candidato del Acuerdo Cívico y Social, dispara ante la consulta de LPO: “El IVC no tiene idea qué hacer. La única política de vivienda de Macri es la cooptación de los punteros para seguir con el clientelismo. Lo mismo que hace (Néstor) Kirchner en provincia lo hace Macri en Capital. Le dan las viviendas a cualquiera”.

Además, Meis explica que “no se está cumpliendo” con la Ley 2237 (de su autoría) por la cual el gobierno porteño debería brindar los listados de adjudicatarios de viviendas sociales seis meses antes de la entrega.

“Con esto se evitaría el descontrol y las tomas. Pero Macri compró punteros de villa para que trabajen para él”, concluye el legislador, hombre de máxima confianza de Ricardo López Murphy.

Cooperativas

Por su lado, el plan de recorte de vivienda alcanzó a las cooperativas, que colaboraban con los trabajos. Según explican en la oposición, hay una partida de $75 millones aprobada en el presupuesto para tal fin que no aparece.

A sabiendas de esto, el ahora ex director del IVC, Hernán Pérez (hombre del legislador kirchnerista Diego Kravetz), reunió en abril a un grupo de cooperativas en la mutual “Un sentimiento” y les blanqueó los problemas presupuestarios.

Pérez les explicó que el 2009 iba a ser muy complicado y responsabilizó a la gestión del PRO por la situación. Este habría sido uno de los motivos de su renuncia, de hecho.

A tal punto que los emprendimientos para cooperativas de autogestión, que antes tenían con financiamiento, en el gobierno porteño creen que podrán destrabar fondo de Nación a través del Plan Federal Viviendas.

Claro que la apuesta es un tanto difícil: quien distribuye el dinero es el ministerio de Planificación de Julio De Vido.

Datos

Más de 500.000 personas no tienen casa o habitan en viviendas con condiciones de seguridad e higiene deficitarias.

Se encuentran ubicadas en las 13 villas porteñas, cuya población aumentó un 30 por ciento en los últimos cuatro años, 55 asentamientos precarios, dos núcleos habitacionales transitorios, tres barrios municipales y once complejos habitacionales.

A estos datos hay que sumarle una infinidad de casas tomadas, hoteles familiares no habilitados, inquilinatos y conventillos.

De hecho, del Plan Federal de Viviendas sólo se autorizaron partidas para provincias cercanas al kirchnerismo y se dejó selectivamente afuera a Santa Fe, San Luis y, por supuesto, la Capital Federal, entre otras.

En la ciudad, de los fondos que se envían alrededor del 80% son para las obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, como en el barrio Los Piletones.

Reubicación

Otro punto débil de la gestión macrista, según la oposición, es cómo se maneja la reubicación de los vecinos. “Están haciendo desastres porque están reubicando familias en departamentos terminados por el IVC o la Corporación destinados a otros”, denuncia Di Filippo.

Como ejemplo, el legislador explica que en la Villa 1 – 11 – 14 (donde participó hoy de una actividad de campaña) se entregaron departamentos del IVC que iba adjudicar en Oceanía y Bonorino iban a ser dadas a vecinos de la manzana 31, luego de obras que implicaron apertura de calles, y terminaron adjudicándolas a vecinos de la manzana 7. Es que en esa manzana hubo una toma que todavía no se resolvió hace un mes.

“Están haciendo un enroque de piezas y de gente”, describe el diputado de la CC.

En este contexto, Hourest dice que con esta política se llevará a desalojos como herramienta que vuelve como un boomerang: “La política del gobierno es desalojar, llevarlos a un hotel por un tiempo y luego vuelven a las villas. Es decir no hay una solución habitacional definitiva. No lo tienen planteado”.

En medio del descontrol hay problemas en lo que refiere a subsidios. Así, luego del incendio en el asentamiento “La Fábrica” la semana pasada, a pesar de que había 400 familias en el lugar, 800 familias se presentaron para los subsidios.

“Como no hay nada informatizado, en Desarrollo Social estaban viendo qué hacía porque no tienen forma de chequear quién debe cobrar”, concluye Di Filippo.