Ley de Tierras: el kirchnerismo acepta cambios para sancionarla cuanto antes
Asumió ese compromiso drante la comisión de Legislación General. Hay dudas sobre los datos actuales de extranjerización y el método usado para definir el valor de las tierras. La UCR se comprometió a hacer el plenario y sólo resta que Camaño convoque a Asuntos Constitucionales.
Cristina Kirchner aceptaría hacer varios cambios a la ley de extranjerización de tierras para lograr su sanción antes de fin de año, según dejaron entrever esta mañana diputados kirchneristas durante el debate de esa iniciativa en la comisión de Legislación General.

La sesión fue presidida por Vilma Ibarra y tuvo la presencia de miembros de todos los bloques, quienes podrían darle dictámenes la semana que viene en un plenario de comisiones que hoy no fue posible.

Es que como para que el texto llegue al recinto requiere la firma de Asuntos Constitucionales y Agricultura, Ibarra había pedido un plenario de las tres comisiones, pero sus titulares se negaron.

Esta mañana el radical Juan Tunessi se comprometió a que su compañero de bloque Juan Casañas convocará a Agricultura el próximo jueves, pero nadie pudo hacerse cargo de que lo mismo haga Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que a la misma hora trató los proyectos para implementar la boleta única. El peronismo federal es la fuerza más disgregada en esta última parte del año y nadie puede contar con seguridad con ellos.

Si Camaño no da señales de querer convocar la comisión para el inicio de la semana próxima, el kirchnerismo amenaza con pedirla ente el recinto en la sesión del miércoles.

Pero la negociación comenzó bien encaminada, sobre todo porque Ibarra manifestó que habría disposición a hacer cambios, por lo que la aprobación en general no debería traer inconvenientes.

Las objeciones son varias, sobre todo porque hay 17 proyectos sobre el tema pendientes e tratamiento. Basado en una ley de Brasil, el proyecto de Cristina limita a un 20 por ciento la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles y a un máximo de mil hectáreas por persona física o jurídica.

La diputada Verónica Benas, de Solidaridad e Igualdad (SI), dijo que según datos extraoficiales sólo habría en manos extranjeras entre y un 7 y un 10% de las tierras argentinas, o sea que, de ser así, la ley abriría un botín entre los empresarios por e l3% restante que quedarían habilitados a comprar.

Ocurre que no hay un registro nacional sobre los dueños de la tierra, información que manejan celosamente los gobiernos provinciales. La relación de estos mandatarios con empresas multinacionales es otro tema a considerar por la oposición, que cuestiona los vínculos entre el sanjuanino José Luis Gioja con las mineras y el reciente convenio del rionegrino Héctor Sainz con China.

"En la actualidad existen muchos emprendimientos, por ejemplo, los mineros, con gobernadores asociados a capitales que procuran una renta extraordinaria a costa de la depredación de nuestros recursos. No incluir estas situaciones es una concesión inexplicable", sostuvo Margarita Stolbizer.

Felipe Solá fue otro de los que pidió rever algunos aspectos. Hizo hincapié en el costo variable de las tierras, que no siempre guardan relación con la cantidad de hectáreas sino también con su valor turístico (como en los paisajes del sur) y la proclividad de la zona.

El jefe del bloque socialista, Lisandro Viale, ratificó la vocación de su fuerza de tener esta ley. “Los socialistas creemos que es indispensable abrir el debate sobre la extranjerización de nuestro suelo”, afirmó.

La Coalición Cívica recordó que el primer proyecto sobre este tema lo presentó Elisa Carrió en 2002 y sobre esa base, la diputada Susana García pidió definir con “criterios objetivos” la unidad económica, fijada en el proyecto en 1000 hectáreas.

"Propiciamos también la delimitación más precisa del 20% que se propone (para la propiedad rural en manos de extranjeros), ya que no queda clara la delimitación territorial y pedimos mayor prohibición en el caso de las zonas de frontera", agregó García.

El radical Ricardo Buryaile, ex director de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), presentó un proyecto que concilia todo el debate y vuelca el control en las provincias, política y jurídicamente.

Plantea que los extranjeros no posean la cuarta parte de la superficie rural de los Departamentos o partidos donde se sitúen y una excepción para las inversiones coordinadas con los gobiernos provinciales.

El kirchnerismo se mostró activo en buscar consensos. Los diputados Alex Ziegler, Alejandro Rossi, y Luis Cigogna defendieron la iniciativa y este último hasta debatió sobre la constitucionalidad con la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez.
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  • 6
    A Juan
    02/09/11
    07:45
    Juan:
    Puede estar tranquilo. En el mismo proyecto consigna que no afectará derechos adquiridos. Es decir, no se afectará la tenencia de las actuales propiedades, así sean de más de 900000 Hs, como las de Bénetton (despropósito no permitido en ningún país, que no sea Argentina, claro).
    Le sugeriría que en lugar de plantear dudas sin fundamento, sino mal intencionadas, y de ser cierto que es español, se planteara que aquí, en mi País, no solo se le ha permitido ingresar y habitar, sino también poseer un "terrenito", sin ningún impedimento ni inconveniente, mientras en España han llegado hasta el extremo de retener a una anciana de 90 años que cumpliendo los requisitos legales pretendió ingresar para visitar a su hija y nietos antes de morir, y sin siquiera reparar el riesgo que le significaba por su propia edad avanzada.
    Atte.
    Responder
  • 5
    hugo
    02/09/11
    07:32
    Toda política, que se expresa en leyes, responde a las necesidades de una sociedad en un tiempo y circunstancias determinadas. Así ha sucedido con la inmigración, cuyos fundamentos responden a lo enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853, donde reza “…y para todos los hombres del Mundo que quieran habitar suelo argentino”. Léase bien, HABITAR suelo argentino, que debe entenderse como su radicación para integrarse y formar parte de la gran Nación que se estaba forjando. Se complementa con la ley de nacionalidad, que no se otorga por sangre, sino por lugar de nacimiento. Esta posibilitaba (y posibilita) que la descendencia de aquellos inmigrantes fueran naturales del País, futuros ciudadanos, para lo cual se contaba con una educación que debía ser pública, gratuita y obligatoria, características que la convertían en una gran integradora social. En otras palabras, lo que alentó a los congresales fue incorporar población para que mediante su asentamiento y afincamiento, se desarrollara un País moderno y pujante. Esto ya marca una delimitación muy precisa. Aquellos inmigrantes, citados en el presente artículo periodístico, que masivamente arribaron al País durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, lo hicieron con el concepto de radicarse, trabajar, formar familia y desarrollarse en esta, la que sería su nueva Patria. No vinieron con el afán de acaparar tierras por un mero interés especulativo o el de apropiarse de recursos tan valiosos como las tierras de cultivo, los bosques y las reservas de agua dulce. No. Vinieron a hacer lo que ya hacían en sus tierras de origen y ahora allí se les negaba, buscando un futuro mejor, bien huyendo de persecuciones o de las atrocidades y hambrunas que generosamente las guerras entre capitalistas sembraron por toda una Europa devastada. Vinieron a trabajar, muchas veces bajo condiciones de explotación a manos de los terratenientes locales y otras organizados en verdaderas cooperativas o colonias, pero siempre laborando duramente. Y así fueron naciendo las nuevas generaciones de argentinos, nosotros. No se trata de una Historia exclusiva de Argentina, sino es la del común de los países de las Américas. No es esta la situación actual. Hoy asistimos a una acelerada y extendida enajenación de tierras, aguas y recursos naturales, con fines de especulación o de su uso como tierras de producción pero cuyo producido y renta serán destinados para el beneficio de accionistas anónimos a través de fondos de inversión o grandes corporaciones multinacionales y los alimentos obtenidos destinados a otros pueblos u a otros fines, como los biocombustibles, pero siempre significando hambre para los locales. Esto no puede decirse que lleve al desarrollo de una gran Nación. Todo lo contrario. Mal puede entonces invocarse a aquellos inmigrantes para oponerse a una ley que limite la adquisición de tierras por extranjeros. No es la misma situación. Tampoco parece acertada la aseveración que la limitación de la venta de tierras a extranjeros ha de provocar la pérdida de sus propiedades a los pequeños y medianos productores a manos de los latifundistas locales. Si así fuera no se entendería la oposición a una ley limitativa de la adquisición de tierras por extranjeros que la SRA (regional) efectuara en ocasión de que en una provincia sureña se la propusiera, y que causara el archivo de la iniciativa. No. Por el contrario, la adquisición desenfrenada de tierras por poderosos grupos económicos extranjeros lleva, sí, a un encarecimiento especulativo del valor de las tierras, y con él al encarecimiento de los arrendamientos y otros, que junto a las exigencias en costos impuestas por los cultivos genéticamente modificados y el avasallamiento de los monocultivos, quedan fuera de las posibilidades financieras de los pequeños y medianos productores, los cuales vemos día a día ser expulsados por el proceso en marcha de la concentración en pocas manos de la tenencia de las tierras, y su destino cierto de terminar engrosando las villas miseria que rodean las ciudades argentinas. Este encarecimiento puramente especulativo de las tierras no perjudica en nada a los grandes terratenientes, sino los beneficia al aumentar sus activos (valor de sus propiedades) y con ello su capacidad financiera, aumentar sus rentas por arriendos a terceros y, no en pocos casos, tener intervención en aquellos fondos de inversión o tener intereses comunes con las inmobiliarias que dominan este gran filón de negocios. Y siempre les queda la posibilidad de vender parte de sus propiedades a precios más que convenientes. Negocio redondo, por lo que se ve. Hoy esta situación se agrava ante la anunciada política por parte de las multinacionales agroexportadoras y en algunos casos proveedoras de insumos, como Cargill, Dreyfus y otras, que proyectan dedicarse también a la producción de granos con la intención manifiesta de evitar el “factor condicionante” que son los productores locales. En otras palabras, estamos en vísperas de la extranjerización total de nuestros recursos agrícolas (que son, por lejos, los más importantes), ya que estas multinacionales manejarán la producción, el comercio exterior y hasta los puertos desde los cuales salen los granos hacia los mercados externos. ¿Alguien puede pensar que en tal situación las inmensas ganancias obtenidas con el producido de nuestros suelos, quedará en el País?. Si hoy es poco y nada lo que queda entre lo que legal y lo no tan legalmente (fuga de capitales, contrabando, triangulaciones, etc.) realizan esas empresas. Por tanto, una ley que limite la compra de tierras por estos grupos económicos o por personas físicas que no se han de radicar en el País (caso Benetton y otros), limitando a su vez la que puedan disponer aquellos que sí se radiquen, me parece más que correcta, INDISPENSABLE. No sería ninguna novedad en el Mundo. Los diversos países, es decir aquellos que cuidan lo propio, las poseen y por lo general son estrictas. Toda Europa las posee, llegando alguno hasta prohibir la compra de tierras de cultivo si no se es nativo del mismo municipio, no ya de la nación. Por tanto, que no se pretenda decir que atenta contra el “libre comercio” o la “propiedad privada” o mencionar a la ex URSS o Cuba, ni argumentaciones por el estilo. Lo que se puede y debe debatir es sobre los términos y alcances del articulado, ya que podría ser una ley maquillaje, sin efectos reales, como tantas que dicen regular y proteger nuestros recursos naturales. Lamentablemente, los antecedentes del actual gobierno en cuanto a hidrocarburos, minería, pesca y sus mismas relaciones con las aceiteras y las exportadoras de granos, no permiten confiarnos demasiado sobre los verdaderos alcances de esta ley y, casualidad o no, no se ha publicitado en forma tal que el común de la ciudadanía conozca de qué se trata. Esta falencia debería ser subsanada. Y quizás se podría integrar con otra ley cuyo debate no se debería postergar, y me refiero a un nuevo sistema de tenencia de la tierra. Nuestro actual sistema fue creado para asegurar dicha tenencia en muy pocas manos, la de los dueños del Poder o los por él favorecidos. Puede haber sido algo justificado o no, puede haberse debido al apetito desmedido de pocos o a una razón estratégica (acto de soberanía sobre un territorio disputado). Puede ser tema de otro debate, pero ahora no viene al caso. Terminada la Conquista el Desierto esas tierras obtenidas fueron adjudicadas desde Buenos Aires sin más mérito que su pertenencia a los círculos de Poder. Si bien se habría dispuesto que aquellos que habían participado en la Conquista tendrían derecho a una pequeña parcela de tierra, quedó en los papeles ya que no se les proveyó ni de herramientas, ni de semillas (cosas por fuera del alcance de gauchos pobres) para su labranza, por lo que también esas tierras terminaron en poder de los terratenientes, los jueces de paz o los dueños de los almacenes de ramos generales. Nuestra política fue lo opuesto a la seguida por los EEUU en ocasión de su Conquista del Oeste, el equivalente del Norte a nuestra Campaña del Desierto. Allí el régimen de tenencia fue estructurado en forma tal que favoreció el asentamiento de población mediante unidades productivas no extensas, es decir, se procuró evitar el acaparamiento de tierras (por lo menos en aquellas primeras etapas). El resultado fue una mejor distribución poblacional, la generación de una clase media granjera y una mayor demanda que, a su vez, estimuló el desarrollo industrial. No por nada ellos llegaron a ser la Primera Potencia (y por lejos) y nosotros estamos donde estamos y sufrimos un interior despoblado con un Buenos Aires transformado en una megalópolis, con todas las consecuencias negativas de tal distribución poblacional. Hoy se está repitiendo el mismo error que se cometió luego de la incorporación de enormes territorios a la Nación gracias a la Campaña del Desierto, es decir la concentración de la tenencia de las tierras, pero esta vez en manos extranjeras. Se impone revertir el actual régimen de tenencia de la tierra que tuviera consecuencias tan negativas, por otro que estimule la radicación de población en el interior, con abundancia de pequeños y medianos propietarios organizados en núcleos productivos (cooperativas). Ello llevará a un desarrollo armónico del País, revirtiendo los errores cometidos en su momento y rescatando los aciertos de aquellas etapas fundadoras.
    Responder
  • 4
    pais generoso
    02/09/11
    02:01
    Juan quedate tranquilo, en Argentina no hacemos con los extranjeros y en particular con los españoles LO MISMO QUE HACEN EN ESPAÑA CON LOS EXTRANJEROS y en particular con los argentinos.
    Es mas, aca les decimos "gallegos" cariñosamente, no les decimos "SUDACAS" despectivamente
    Asi que tu terrenito lo vas a poder conservar.
    CFK 2011 2015 2019 Y HASTA QUE TENGA GANAS!!
    Responder
  • 3
    gonzalo
    02/09/11
    01:15
    Juan, si tu terreno es chico y esta en el Conurbano no tenes problema, pero si lo que tenes es un terreno en la costa con frente al mar, te lo tenemos que confiscar porque lamentablemente eso es "tecnicamente" zona de frontera. Lo mismo ocurre si tenes un Departamento en una torre de Puerto Madero y se llega a ver el Uruguay. La Campora va a administrar esas propiedades extranjerizadas y les hara un proceso de exorcismo para volver a Nacionalizarlas. Lo sentimos mucho.
    Responder
  • 2
    ANA
    01/09/11
    20:59
    alguien me puede explicar que hay detras de esta ley? porque el kirchnerismo tiene tanto apuro con esto??? estoy haciendo un esfuerzo para no pensar mal...
    Responder
  • 1
    Juan
    01/09/11
    14:27
    Yo tengo ciudadanía española; ¿me van a sacar el terrenito?
    Responder
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