La venta de la señal de noticias C5N, Radio 10 y cuatro estaciones de FM que realizó Daniel Hadad al empresario kirchnerista Cristobal López desnudó que, a dos años de su aprobación, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiosivual aún no se aplica en su totalidad. Y el privilegiado no es sólo el Grupo Clarín.

La impunidad con la que Hadad y el Grupo Indalo anunciaron la operación -concretada en 47 millones de dólares- demuestra el grado de incumplimiento de la norma. La transferencia sin previo aviso a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, el nuevo COMFER) viola el artículo 41 de la ley. Ningún funcionario fue notificado de ningún traspaso hasta el momento.

A esta altura, después de varias batallas judiciales, sólo el Grupo Clarín goza del privilegio de no tener que cumplir con el famoso artículo 161, que obliga a los medios a desprenderse de todas las licencias que superen el máximo permitido, porque interpuso un amparo judicial. Sin embargo, ninguno de los grupos mediáticos que estaban en falta ha cumplido con este proceso. Entre ellos, el de Hadad y, en consecuencia, ahora también el Grupo Índalo.

La nueva Ley de Medios establece que "en ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias". Hadad -y desde ahora Cristóbal López- venía operando en Capital Federal cinco licencias: Radio 10, en AM, y TKM, Pop, Mega y Vale, en FM.

En la misma situación irregular se encuentran -además de Clarín y Hadad- el grupo Vila-Manzano, Cadena 3 y Raúl Moneta propietario de las FM Rock & Pop, Blue, Metro y las AM Radio Belgrano y Radio Splendid. Moneta compró incialmente las radios ascociado a Matías Garfunkel, pero luego se pelearon y las emisoras quedaron en cabeza de Moneta, que resolvió dirimir con su ex socio la propiedad de esos medios en un arbitraje privado.

Como sea, ningunos de todos ellos comenzó el proceso de adecuación que solicitó el AFSCA. De hecho, el pasado 3 de enero venció la fecha límite para presentar los planes de desinversión, y ninguno envió nada.

"Tengo entendido que el AFSCA decidió actuar de oficio y empezó entonces a estudiar caso por caso. Uno de los que analizaba era al grupo de Daniel Hadad, que no cumplía con los requisitos. Se excedía ampliamente en la cantidad de licencias. Esta venta no soluciona el problema porque ahora el que se excedería es Crístobal López", admitió a LPO Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia y ex interventor del COMFER.

¿Por qué, entonces, todavía no se termina de aplicar una ley de la democracia tan solicitada por distintos sectores de la sociedad y cuya aprobación costó tantos años? ¿Hace falta una mayor decisión política del Gobierno o más tiempo para poder avanzar en la regularización de los grandes grupos de medios? La Política Online consultó varios especialistas para intentar responder este interrogante.

"Creo que el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161 para Clarín. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado", consideró durante una entrevista el investigador del CONICET, periodista y docente universitario Martín Becerra.

Pascual Calicchio, docente de la carrera de Comunicación Social de la UBA, explicó a LPO: "Es un problema de decisión política, por un lado, pero también de poca capacidad del Estado para accionar esas leyes. En el AFSCA todavía hay muchos funcionarios de terceras lineas, abogados, técnicos que están muy relacionados con los negocios de los medios de comunicación. Hasta hace poco, que se hizo un censo, ni siquiera se sabían quiénes eran los dueños de los medios".

Para Gustavo López, en cambio, la decisión de los opositores de no integrar los organismos de control fue determinante, porque la participación de todos los sectores políticos garantizaría resoluciones más contundentes, en cualquier dirección. "El problema es que nunca ocuparon los espacios que debía ocupar, tanto en la comisión bicameral como en el directorio del AFSCA. Creían que así vaciarían de legitimidad a la autoridad de aplicación y a todas sus resoluciones", opinó.

Desde el kirchnerismo siempre se afirmó que esa era una estrategia urdida por el Grupo Clarín, porque le sumaba fundamentos a sus planteos judiciales. En la actualidad, sin embargo, todos admiten que esa estrategia fracasó. Ahora que toda la ley está vigente y nadie duda de su legalidad, la no participación generó que los partidos opositores no puedan utilizar las herramientas institucionales pertinentes para denunciar o acaso detener operaciones que favorecen a empresarios afines a la Casa Rosada.

Por eso, el FAP y la UCR ya están definiendo quiénes serán sus representantes. En la fuerza liderada por Hermes Binner eligieron a Alejandro Pereyra para el directorio del AFSCA y a Quique Pesoa en Radio y Televisión Argentina. Los radicales todavía discutían al respecto, pero se mencionaba a Silvana Giudici.