Apenas veinticuatro horas tardó el empresario Jorge Toselli en descubrir las consecuencias de la ira presidencial. Un día después de que la presidenta Cristina Kirchner denunciara a uno de los socios de la firma Jorge Toselli Inmobiliaria (JT Inmobiliaria) por la no presentación de declaraciones juradas de impuestos se conoció que la empresa fue inhabilitada temporalmente por la AFIP para seguir operando, según publicó el diario La Nación.

Anteayer, Cristina Kirchner había denunciado en un acto en la provincia de Buenos Aires a Rodrigo Saldaña, uno de los socios de JT Inmobiliaria. La acusación era que el empresario -que había aparecido el domingo pasado en una nota del diario Clarín quejándose de una caída en las ventas de propiedades como producto del cepo al dólar- habría omitido la presentación de sus declaraciones juradas desde 2007.

En el discurso, la Presidenta incurrió en una serie de imprecisiones. En la nota de Clarín figuraban mencionados tres hombres de JT Inmobiliaria: Alberto Rossaroli, Rodrigo Saldaña y el propio Jorge Toselli. Inicialmente, Kirchner se refirió a Rossaroli, que era el único que aparecía con foto en el artículo, al que definió como un señor con cara "de pobre que no tiene nada que hacer". Unos segundos después, sin embargo, pareció confundir a Rossaroli con Saldaña, al que acusó de estar en falta con la AFIP.

"Me llama la atención que el que aparecía como empleado no era empleado, Saldaña era socio -dije el nombre, no tenía que haberlo dicho, no importa- y resulta ser que este señor, que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 2007."

Como si se tratara de una comedia de enredos, finalmente la inhabilitación para operar no recayó sobre Rossaroli (el de la cara triste, en la visión CFK) ni sobre Saldaña (el socio que supuestamente se hace pasar por empleado), sino sobre la sociedad JT Inmobiliaria, a la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le bloqueó el Código Unico de Identificación Tributaria (CUIT).

La figura legal para bloquear a la empresa es la de inhabilitación, y según los tributaristas consultados por LA NACION se trata de una sanción que debería levantarse en forma automática tras la presentación de las declaraciones juradas faltantes.

Realidad

JT Inmobiliaria inició sus operaciones hace más de cuarenta años y es una de las firmas más tradicionales en Barrio Norte. Su socio mayoritario es Jorge Toselli, que también es fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Según informó el diario Tiempo Argentino, la última declaración jurada presentada por JT Inmobiliaria data de 2007. En ese momento la firma había informado que contaba con un activo de $ 109.181,78 y un pasivo de $ 30.342,73, con un patrimonio neto de 78.839,05 pesos.

El ataque presidencial generó la solidaridad de los colegas de Toselli. "Las declaraciones de esta inmobiliaria no hacen más que reflejar una realidad. La caída en la ventas en el semestre ronda entre 18 y 20%, y si se anualizan los datos de los últimos meses estaríamos a las puerta de un año para el sector peor que 2001", señaló Néstor Walenten, presidente de la Cámara Inmobiliaria.

DURAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

De manera unánime, las distintas voces de la oposición criticaron ayer con dureza la "actitud intimidatoria" que ejerció la presidenta Cristina Kirchner al denunciar, por medio de la cadena nacional, a Rodrigo Saldaña, uno de los socios de JT Inmobiliaria, por no haber presentado las declaraciones juradas de la firma desde 2007.

Saldaña había advertido públicamente, días antes, sobre la parálisis que padece el mercado inmobiliario desde que el Gobierno instrumentó el cepo cambiario.

"Fue un claro acto intimidatorio, impropio de la investidura presidencial. Este tipo de actitudes busca como efecto inhibir las opiniones contrarias a las políticas del Gobierno -advirtió el jefe del bloque radical de diputados, Ricardo Gil Lavedra-. Se observa, además, un pertinaz incumplimiento del Gobierno a la ley de medios que ellos tanto exaltan: esta norma contiene límites explícitos sobre el uso de la cadena nacional que la Presidenta vulnera sin tapujos."

Desde el Frente Peronista, el diputado Gustavo Ferrari coincidió. "La actitud de la Presidenta no estuvo dirigida sólo a la inmobiliaria sino a toda la sociedad, en una clara advertencia de que se utilizarán todos los instrumentos del Estado contra quien opine distinto al Gobierno. Así, se vulneran los dos pilares de la democracia: la igualdad ante la ley y la libertad de expresión", dijo.

Por su parte, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) sostuvo que el episodio es "gravísimo" e "incompatible con el sistema democrático". Su colega del GEN, Gerardo Milman, criticó el "abuso" por parte de la Presidenta de la cadena nacional y estimó que el Gobierno habría incurrido en una violación del secreto fiscal al develar la situación de la inmobiliaria en la AFIP.

"Es poco democrático que la Presidenta utilice la cadena nacional para agredir a un ciudadano que no comparte las políticas del gobierno", enfatizó, por su parte, el jefe de bloque de Pro, Federico Pinedo. "Estamos en el mismo camino que transitó Venezuela con (Hugo) Chávez, con más persecución a quienes piensan distinto", apuntó Julián Obiglio (Pro).