Axel Kicillof estudia un esquema para estatizar Edenor y Edesur, las empresas que distribuyen la energía en el área metropolitana y el miércoles quedaron otra vez en el ojo de la tormenta por el corte de luz que afectó a la mayor parte de Capital Federal.

El secretario de Política Económica quedó en agosto a cargo del diálogo con las proveedoras de energía eléctrica, tarea que antes ejercía Julio de Vido a través de Roberto Baratta.

Fiel a su estilo, Kicillof sacó el manual y ordenó dar vuelta todo. Impidió un ajuste de tarifas, no prometió aumentar los subsidios y, como alternativa, ofreció a las distribuidoras un sistema Costo Plus, que consistía en fijar una tasa de ganancia “razonable” para las empresas a partir de un análisis integral de sus costos.

Un análisis que nadie sabía calcular cuánto tiempo llevaría y que el secretario de Política Económica calculó hace un mes en 30 y 45 días, en una reunión con el jefe del gremio de Luz y Fuerza, Oscar Lescano.

“Se está avanzando muy rápidamente, se ha propuesto un cambio de esquema que es público porque ha salido en los diarios, que está más fundado en la necesidad del país y en los costos del país que en los precios internacionales”, había advertido el funcionario meses atrás durante una exposición en el Senado.

Ese día negó que tajantemete que tenga previsto estatizar eléctricas, pero el apagón de esta semana lo hizo rever esa postura. Según confiaron a LPO dos fuentes cercanas Kicillof, en su despacho se trabaja hace un mes en un esquema de estatización de Edesur y Edenor, sólo que por entonces era considerado un plan B. “Ahora lo están acelerando”, aseguraron las fuentes.

“Antes las tarifas estaban dolarizadas y eran de las más caras del mundo en dólares para todos los servicios públicos que se habían privatizado; ¿Era algo llamativo, no? Hoy hay algunos que hablan de atraso tarifario, de aumentos tarifarios, pero lo cierto es que es una política deliberada de mantener tarifas que estén sosteniendo la competitividad y las condiciones de vida de la población”, explicó Kicillof en el Senado. 

Las eléctricas no recibieron del todo bien a Kicillof: cansadas de esperar una actualización de tarifas y/o subsidios, dejaron de pagarle a Cammesa, la administradora de energía controlada por el Gobierno, encargada de proveerle a las distribuidoras domiciliarias. 

Fuentes de las compañias se mostraron escépticas respecto a una embestida final del economista preferido de Cristina y recordaron que tras el apagón De Vido -con quien simpre tuvieron buen diálogo- había retomado el protagonismo. “Se lo vio muy activo a él y a Baratta, la duda es si Cristina les devolverá algo de poder”, señalaron ante LPO.

Pero la reaparición de De Vido no fue para darles caricias a las compañías. Anunció que el Gobierno presentará una denuncia penal para investigar el apagón, que adjudicó a un sabotaje. “Queremos saber quién bajó la palanca, las líneas de tensión funcionan bien”, aseguró.

"Nos llama la atención el lugar, la hora y la demanda que tenía esa instalación, que era la mitad que podía soportar. Además era una línea que había sido verificada recientemente. Fue llamativa esta situación porque las dos líneas de alta tensión que salieron de servicio operaban a la mitad de su capacidad", señaló De Vido.

La causa recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, el magistrado que suele darle buenas noticias al Gobierno. Una hipótesis en los bunker cristinistas es que si el juez acusa a las compañías de hacer un sabotage para forzar el apagón, esto permitiría avanzar con una estatización que no sea vista como un desembarco agresivo. A diferencia de la nacionalización de YPF, en este caso, el clima ahora no da para anuncios festivos.