Finalmente, los gobernadores Martín Buzzi de Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz concretaron su amenaza y anunciaron la quita de concesión de áreas a YPF en un acto que realizaron en forma conjunta en el límite de ambas provincias. La medida afecta en el primer caso a las zonas de Escalante-El Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido, que representan un 6,8% de la producción nacional de la petrolera.

La caducidad "se hará efectiva a los 90 días corridos contados desde la notificación de la presente. Pero para resguardar el yacimiento, YPF no podrá disponer de las mejoras, instalaciones, y demás bienes, ni elementos vinculados a la actividad", advirtieron los gobernadores.

Buzzi dijo en su discurso que "si se van antes de los 90 días previstos en el decreto, nos hacemos cargo al día siguiente. Interesados en estas áreas hay montones, pero hoy la acción la tiene el Estado".

En cuanto a Santa Cruz, fuentes de la compañía explicaron a LPO que “todavía no está claro el alcance” de las medidas anunciadas para dicha provincia, por lo que la compañía aún no avisó qué decisión tomará al respecto. En este caso las áreas involucradas son tres: Barrancas Yankowsky, Los Monos (ambas casi sin producción) y Cerro Piedras-Guadal Norte, que representan apenas el 0,003% de su producción en el país.

Distintas miradas

La decisión de los gobernadores es la primera medida concreta que se toma contra YPF en el marco de un amplio abanico de medidas que evalúa la Casa Rosada para la petrolera.

Se habla desde la nacionalización d etodos los hidrocarburos del país, como hizo Bolivia, para dejar a las petroleras sólo la operación; hasta una estatización puntual de YPF o su intervención judicial. La estatización exige desembolsar de máxima unos 16 mil millones de dólares, según la valuación bursatil de la compañía y la intervención judicial enfrenta problemas legales.

Mientras estas opciones siguen abiertas se optó por usar a los gobernadores, titulares de las áreas petroleras desde la reforma de 1994, para iniciar un proceso de jibarización de la petrolera, quitandolé las áreas subexplotadas, según la mirada oficial.

LPO consultó al especialista en energía Gustavo Calleja, quien advirtió sobre la posibilidad de que la quita de áreas se realice sobre aquellas que la compañía ya haya abandonado o tenga una producción baja. “Si YPF la abandona es porque ya no hay petróleo”, señaló el ex subsecretario de Raúl Alfonsin, quien es partidario de que la explotación de este recurso vuelva a estar centralizada en el gobierno nacional mediante una empresa estatal.

“Ahora cada provincia hace lo que quiere”, comentó muy crítico Calleja, para quien el foco de problema está en el tipo de contratos que el Estado firma con las compañías. “En todo el mundo se trabaja con contratos de exploración, en cambio acá con las concesiones terminan sin invertir nada y se llevan toda la plata”, explicó el especialista. “La política energética está al servicio de las petroleras”, remata, sin concesiones al kirchnerismo, al que tilda de “progresistas cosméticos”. Una situación que tuvo su origen con la privatización de YPF durante el menemismo y nunca se revertió.

Acciones legales

Por su parte, la petrolera ya emitió un comunicado en el que avisan que demandarán legalmente a Martín Buzzi y se defienden de las acusaciones. “YPF cumplió con las pautas de inversión establecidas”, remarcan en el documento, tras lo cual informan sobre sus niveles de producción. “En su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18% respecto del año anterior y del 24% en el período 2007-2011. Los pozos terminados durante el año 2011 se incrementaron un 14% respecto del año anterior, y un 83% en relación con 2007”, explican.

No obstante la reversión de esas explotaciones, los decretos provinciales mantuvieron vigentes en manos de YPF, las licencias de los yacimientos Los Perales (Santa Cruz) y Manantiales Behr (Chubut). "YPF tiene otros yacimientos en las provincias. Espero que hagan lo que tienen que hacer o también nos haremos cargo nosotros", dijo Buzzi minutos después de finalizado el acto, al que acudieron aproximadamente 13 mil personas.